Diez años ha cumplido ya la Ley de Dependencia, un aniversario al que Gipuzkoa llega desmarcándose del resto de territorios, con un sistema sólido, aunque no perfecto, que despunta entre otras particularidades por el peso que están cogiendo la contratación en el hogar de asistentes personales -la mayoría mujeres- frente al modelo tradicional de cuidados prestados únicamente por la familia. Los últimos datos de las ayudas que se pagan a las personas dependientes revelan un cambio de tendencia que ha ido abriéndose paso año tras año: por primera vez se han pedido más ayudas para contratar a un asistente personal (PEAP) que las que se conceden por el cuidado a cargo de un familiar (PECE).
En concreto, a finales de diciembre de 2016, el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación, encargado de la gestión de las ayudas, contabilizaba 1.904 nuevos perceptores de prestaciones de dependencia. El 84% de ellos (1.595) se correspondían con las ayudas para la asistencia personal y solo el 15% (284) fueron para cuidados en el entorno familiar. Este perfil supone un vuelco en las preferencias de cuidados de los dependientes, justo en la dirección que inspiró la filosofía de la ley, una realidad excepcional en otras comunidades autónomas. En 2013, el 85% de las prestaciones de asistencia personal de todo el Estado se correspondían a Gipuzkoa.
Aunque las distancias se están acortando, en el territorio la balanza aún se decanta por el modelo tradicional de cuidados familiares en la vejez. En la actualidad, el 69% de los perceptores de prestaciones por dependencia (11.135 personas) cobra la ayuda que se paga por el cuidado a cargo de un familiar, frente al 30% (4.825) que recibe la subvención para contratar a un asistente personal. Hace cinco años, la brecha era mayor, con un 88% de las prestaciones para el cuidado familiar.
La preferencia por la asistencia personal en el hogar va en la dirección de lo que marca la ley
La ayuda para contratar a un cuidador representa el 30% del total de las que se pagan a dependientes
El atractivo de las prestaciones busca que afloren empleos del mercado negro
Es obligatorio que el asistente esté dado de alta en la Seguridad Social, pero no se le exige formación
El aumento de las solicitudes para contratar a un cuidador ajeno ha sido especialmente llamativo desde 2014. En dos años las ayudas se han duplicado para este modelo de atención a la dependencia. En paralelo, la factura que paga la Diputación por este concepto también ha escalado. El desembolso el año pasado ascendió a 58,8 millones de euros (un 16% más que en 2015), de los cuales 33 se destinaron a las ayudas familiares y 24 para subvencionar la contratación de un cuidador personal. Las ayudas para esta capítulo oscilan entre los 300 y los 833 euros, en función del grado de dependencia y de las horas contratadas, cantidades superiores a las que se pagan por el cuidado familiar, precisamente para hacer también más atractiva la contratación de un asistente.
El abono de la prestación se realiza directamente a la persona en situación de dependencia quien, a su vez, pagará a su asistente personal o a la empresa contratada, una opción menos frecuente que la contratación directa a un cuidador. Una vez al año, la Diputación remite una carta a los beneficiarios para que justifiquen los gastos del año anterior. En la revisión de 2012, cuando se realizó un estudio sobre el impacto de esta prestación, las irregularidades no llegaban al 5% de los casos. La mayoría de los casos de fraude se referían al cobro de la ayuda sin tener personal contratado con los requisitos exigidos.
Un cambio social
El salto dado en Gipuzkoa hacia un modelo de cuidados a dependientes por parte de asistentes personales no es casual y responde a varios factores. El primero, al impulso institucional de esta prestación económica, que se ha extendido a todos los grados de dependencia, cuando a escala estatal se restringe a las personas con grados medios y severos, y no a leves.
La voluntad política de reforzar este modelo de cuidados, expresada también en la anterior legislatura, va dirigida a visibilizar un nicho de empleo, el de los cuidados a personas dependientes, un sector donde la economía sumergida está a la orden del día. La posibilidad de recibir una prestación por estos cuidados se presentó como una oportunidad para regularizar contrataciones ilegales que existen en domicilios, especialmente relacionados con el perfil de trabajadoras inmigrantes, que han llegado a representar hasta el 70% de los contratos realizados por la persona dependiente, según los datos recogidos en el estudio de 2012 del Departamento de Políticas Sociales.
El modelo de cuidados también ha dado un cierto giro. La responsabilidad se ha asumido de forma natural por los propios familiares, casi siempre las mujeres de la casa, durante generaciones. Se entremezclan las razones culturales y un rechazo a delegar estas tareas a personas ajenas al hogar o a ingresar a la persona en una residencia. Pero este esquema tradicional empieza a agotarse por la suma de varios factores, como el hecho de que la potencial generación de cuidadoras ya es menos extensa, el cambio en el tipo de cuidados con una demanda más a largo plazo para enfermos crónicos, y la no incorporación de los hombres a estas tareas en paralelo a la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
Cambian las familias y por obligación también los modelos de cuidados. La entrada de una persona externa ya no se ve como el último recurso, sobre todo en situaciones de gran dependencia, con intensas cargas de cuidados que exceden a menudo la capacidad y disponibilidad del familiar. Recibir una subvención para contratar a un cuidador da un respiro a esos hogares.
La calidad de los cuidados
Lo que no garantiza es que esos cuidados tengan un nivel superior a los que podría proporcionar una familia puesto que para cobrar la prestación económica no se exige a la persona contratada una determinada formación o especialización. Es obligatorio que los cuidadores tengan un contrato legal y estén dados de alta en la Seguridad Social, pero en la documentación no se exige ningún plan de atención de cuidados a la persona ni una formación básica en tareas de cuidador, una de las «debilidades» que se observa a esta prestación, como quedó recogido en el estudio realizado hace cinco años para el departamento.
En este punto se observa una gran diferencia entre los asistentes personales contratados a través de empresas especializadas o los contratos directos, en su mayoría a mujeres inmigrantes. La mayoría de empresas que ofrecen servicios de cuidados a domicilio cuentan con personal con una titulación mínima de auxiliar de geriatría o similar. La carencia de formación en los otros casos se suple, no obstante, con la experiencia de la persona contratada y también con el esfuerzo de la familia en «adiestrar» en los cuidados que debe prestar a la persona en situación de dependencia, concluyó el estudio.